Sin derecho a la protesta no hay democracia

En la sociedades modernas los gobernados tienen, en mayor o menor medida, cierta influencia sobre los gobernantes al manifestar su rechazo o aprobación de determinada decisión política mediante la opinión personal, las declaraciones públicas, la prensa, la protesta y, en el último de los casos, la desobediencia. En ese sentido, ser gobernado no significa ser sumiso y acatar todo lo que se decide a nivel político sin cuestionamientos de los actos públicos de la clase política y sus altos funcionarios. De tal modo que la sociedad no solo dirige sus destinos desde el centro del poder político de forma vertical, sino también, en ciertas ocasiones críticas, desde la participación activa de las masas; es decir, desde aquellos que no tiene acceso al poder. El prohibir o criminalizar las manifestaciones públicas como la protesta no va a evitar que en algún momento la gente salga a defender lo que cree que es justo: prohibir la protesta no soluciona los problemas sociales, tan solo lo contiene. Los conflictos sociales y las manifestaciones públicas son válvulas de escape que evitan futuras crisis políticas, de tal modo que en democracia es de común acuerdo dejar que las personas manifiesten su descontento social ya sea por sus condiciones económicas, estrés, o por las injusticias cotidianas por abusos institucionales. Finalmente, en términos estrictamente democráticos, un ciudadano sin derecho a manifestar el mal accionar de sus gobernantes no puede ser considerando como tal; eso no es ser ciudadano, eso es ser un súbdito. En ese sentido, si la Corte Suprema no reconoce el derecho a la protesta, desprotege a los ciudadanos y rebaja a un gobierno casi al nivel de una dictadura. Por último, hay que aclarar siempre a aquellos “odiadores” que les gusta aplaudir la represión a la gente que protesta por sus derechos, que el Tribunal Constitucional es quien interpreta la constitución en última instancia y, efectivamente, sí reconoce el derecho a la protesta.